Venezuela y EE.UU. suscribieron un acuerdo petrolero de gran calado, antecedido por varios días de filtraciones mediáticas en las que se anunciaba que Caracas y Washington –con el secretario de Estado, Marco Rubio, a la cabeza– negociaban un pacto que redundaría en enormes beneficios para EE.UU. De cualquier manera, el acuerdo ha sido presentado como altamente beneficioso para las dos naciones, pese a las reservas que un trato de esa naturaleza ha suscitado en amplios sectores venezolanos, tras un cuarto de siglo de relacionamiento bilateral signado por el antagonismo, cuando no por la hostilidad abierta.
El pasado 28 de agosto cesaron las especulaciones y los trascendidos, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia: los dos gobiernos alcanzaron lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial", al asegurarle a su país innegables ventajas estratégicas y económicas.
Poco después, Rubio refrendó lo dicho por el mandatario y se refirió al pacto como una "gran victoria" para EE.UU., inscrita en el agresivo enfoque de política exterior 'America first', denominado formalmente 'Doctrina Donroe' o corolario Trump a la Doctrina Monroe, en el que la Casa Blanca se arroga el derecho de controlar las vastas reservas de recursos naturales de la región por motivos de seguridad nacional, incluso si ello implicare el uso de la fuerza.
Luego fue el turno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de ofrecer las primeras precisiones sobre lo acordado. Además de agradecer directamente a Trump y a Rubio "por su disposición en el desarrollo del acuerdo" y de valorarlo como un "hito histórico" en los nexos binacionales, la dignataria afirmó que la iniciativa fue el resultado "del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y EE.UU.".
Además, aseguró que "facilitará un importante flujo de inversiones destinadas a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo" de la industria local de hidrocarburos, fuertemente golpeada por más de una década de duras sanciones estadounidenses.
Sin embargo, pese a que los involucrados se expresaron positivamente sobre el acuerdo alcanzado, todavía no se conoce el texto que recoge lo suscrito. Simultáneamente, se advirtieron diferencias en la manera en la que Trump y Rodríguez se refirieron al trato y a las implicaciones que este tendrá para cada país.
Del mismo modo, quedan abiertas una serie de interrogantes con incidencia dentro y fuera del país suramericano, en especial cuando la disputa geopolítica de Washington con los que ha tildado de "rivales extrahemisféricos" no ha hecho más que empezar.
En cualquier caso, el pacto ya está en marcha. Este 2 de septiembre, Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, al secretario de Energía de EE.UU., Christopher Wright. La visita sirvió para la firma de varios contratos con empresas ligadas al negocio petrolero (Chevron y ENI), pero también al sector eléctrico (General Electric), así como para hacer públicos otros detalles del tratado bilateral.
A ese respecto, Rodríguez precisó que el acuerdo "tuvo dos partes, una en EE.UU. y otra en Venezuela, dos momentos", mientras que Wright afirmó que el trato –al que catalogó como "monumental"– se suscribió "entre el Gobierno de EE.UU. y la empresa privada venezolana NABEP".
Los límites y alcances del "control mayoritario"
Al hacer pública la noticia, el inquilino de la Casa Blanca reveló que en las negociaciones también participó el secretario de Guerra, Peter Hegseth, y que lo pactado se cristalizó gracias a "una alianza con el sector privado". Empero, de esa declaración destacó en primera instancia la aseveración de que EE.UU. se aseguró "el control mayoritario […] sobre más de 60.000 millones de barriles de reservas probadas" de crudo en suelo venezolano, "sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".
En el subsuelo de Venezuela yacen las mayores reservas globales de ese hidrocarburo, que según datos oficiales, superan los 303.000 millones de barriles (17,3 % del total) y equivalen a más de 500 años de explotación al ritmo actual, estimado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1,2 millones de barriles por día, al cierre de julio de 2026.
De dar por bueno lo afirmado por Trump, eso equivaldría a decir que EE.UU. tendría "el control mayoritario" de 19,8 % de las reservas de crudo venezolanas. No está claro el alcance de la frase, pero esa pretensión se tropieza con impedimentos legales contemplados en la carta magna y otras leyes de la nación bolivariana.
De ese modo, en su artículo 12, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sancionada en 1999 tras su aprobación en un referéndum popular, consagra que "los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles".
En adenda, si bien en la recientemente reformada ley orgánica de hidrocarburos se ampliaron las posibilidades de participación de privados en el negocio petrolero por medio de contratos directos con la estatal Petróleos de Venezuela o la conformación de empresas mixtas, el Estado venezolano está obligado a mantener la mayoría accionaria en el caso de las asociaciones con terceros –sean Estados o particulares–, tal y como figuraba en el instrumento sancionado originalmente en 2006, que está en armonía con lo que estipula la carta magna.
Al otro lado de la acera está la vertiente económica, sobre la cual el "control mayoritario" al que aludiera el presidente estadounidense cuando dio a conocer el acuerdo luce bastante más claro. Tras ordenar el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.373, con fecha del 9 de enero de 2026, en la que se estipula que los pagos que reciba Venezuela por cuenta del petróleo deben realizarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en otra cuenta que el Tesoro estadounidense indique.
La medida –inédita, pues no fue aplicada ni siquiera en la guerra de Irak– supone el control estadounidense sobre la mayor parte del erario venezolano y refuerza el estricto régimen de sanciones que, pese al acercamiento que se ha producido tras el ataque militar del pasado 3 de enero, fue renovado por un año más el 20 de febrero de 2026, bajo el argumento de que las condiciones imperantes en ese país siguen "representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior" de Washington.
Así, en lugar de levantar las coerciones económicas y financieras, la Casa Blanca ha optado por emitir un conjunto de licencias en favor de empresas extranjeras –principalmente estadounidenses, pero también del Reino Unido, España, Italia y Singapur– para autorizarles en Venezuela operaciones limitadas ligadas al negocio de los hidrocarburos, la minería, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica y otras industrias claves.
En todos los casos están vetadas las transacciones con empresas públicas o privadas asentadas en China, Cuba, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea y Rusia, países que hacen parte de la lista de adversarios estratégicos de EE.UU. Asimismo, con excepción de Pyongyang, se trata de naciones con las que, bajo los liderazgos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Caracas tejió lazos de asociación del más alto nivel y firmó numerosos acuerdos y contratos de largo aliento durante un cuarto de siglo, como parte de una directriz de política exterior orientada a consolidar un mundo multicéntrico y pluripolar.
A lo dicho ha de sumarse que, en numerosas ocasiones, Trump se ha jactado públicamente de haber extraído "miles de millones de barriles" de petróleo procedentes de Venezuela, que le han permitido sufragar varias veces tanto los costos de la operación militar en el país suramericano como la guerra que lanzara a finales de febrero pasado contra Irán, aún en curso.
Se desconoce oficialmente cuánto dinero ha ingresado a las arcas venezolanas por cuenta de las ventas de crudo desde que entró en vigor la Orden Ejecutiva 14.373 del Gobierno estadounidense.
A ese respecto, huelga decir que el Gobierno de Venezuela habilitó el portal Transparencia Soberana, cuyo propósito anunciado fue justamente difundir a la ciudadanía la cuantía de esos recursos y en qué se estaban usando. Empero, la única entrada disponible corresponde al pasado 13 de marzo, cuando se reportó el ingreso de 300 millones de dólares procedentes de una venta extraordinaria de 'fuel oil', que fueron usados en su totalidad para financiar el aumento del ingreso integral de los trabajadores.
En adenda, Trump aseveró que la referida "transacción" –que catalogó como "histórica"– "duplica con creces las reservas petroleras estadounidenses, aumenta considerablemente el suministro petrolero venezolano y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo".
De acuerdo con un reporte difundido por Axios, la reserva estratégica de petróleo de EE.UU. registra actualmente su nivel más bajo en cuatro décadas, en razón del cierre casi total del estrecho de Ormuz, lo que ha comprometido las cadenas de suministro a nivel global y ha empujado al alza los precios del crudo.
En ese marco, Washington se ha visto forzado a poner paulatinamente en el mercado su reserva estratégica para mitigar el efecto inflacionario aguas adentro, una variable que se estima influyente en el comportamiento electoral de los votantes en los comicios de mitad de mandato, a celebrarse el venidero noviembre, y donde el gobernante Partido Republicano se juega la mayoría en las dos cámaras del Congreso. El pasado lunes, Trump admitió la disminución de la reserva petrolera estadounidense, pero culpó de ello a su antecesor, Joe Biden.
La puja por la soberanía
Pese a la relativa brevedad del mensaje de Trump, las múltiples aristas que abrió obligaron a la presidenta Delcy Rodríguez a trascender el comunicado que publicara en sus redes sociales el pasado viernes para confirmar el pacto petrolero y, en su lugar, pronunciar un discurso televisado transmitido en cadena nacional al día siguiente, en el que ofreció algunas precisiones sobre lo firmado. También hubo reacciones encontradas sobre la naturaleza y el eventual alcance del acuerdo.
El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela cerró filas con la mandataria y respaldó sin fisuras el pacto, al considerar que "se trata de aprovechar todas las herramientas posibles, dentro del marco constitucional, para poner [las] […] inmensas reservas de hidrocarburos" de esa nación "al servicio del desarrollo nacional", en un contexto donde confluyen la urgencia por recuperar la economía, mejorar los servicios públicos y atender las consecuencias del duplete sísimico que sacudió el centro-norte del país en junio pasado.
Desde otro costado, grupos de la izquierda antiimperialista se volcaron a las calles de la capital venezolana para rechazar el trato petrolero. Entre otros argumentos, los manifestantes expusieron que se trata una operación de robo de los recursos naturales del país y que el dinero obtenido del negocio petrolero venezolano servirá para financiar las guerras presentes y futuras desatadas por EE.UU. en todo el mundo.
La dignataria apostó por un mensaje breve, en el que aludió sin rodeos a algunos de los aspectos que causaron más preocupación: pertinencia, necesidad, duración, condiciones de las transacciones, beneficios esperados y, acaso muy especialmente, la propiedad de los yacimientos y del crudo extraído, que Trump puso en entredicho al anunciar el trato.
Con respecto a la necesidad, Rodríguez se enfocó en enfatizar la diferencia entre disponer de las reservas de petróleo más cuantiosas del orbe y que esos recursos se transformen en "bienestar, prosperidad y felicidad" para el país. En sus palabras, la ampliación de las operaciones petroleras permitirá mejorar los salarios de la población, los servicios públicos, los centros sanitarios y educativos, y la infraestructura vial, así como aportar "a la seguridad energética del hemisferio".
"Como todos lo saben, nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Pero tener recursos bajo tierra, no es suficiente: necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente. De nada sirve tener nuestras reservas petroleras, únicamente para que aparezcan en una estadística, en una contabilidad y podamos decir 'somos la mayor reserva del mundo', cuando no podemos convertirlas y traducirlas en desarrollo para Venezuela", argumentó.
Con respecto a cómo contribuirá cada parte en la puesta en obra del acuerdo, la lideresa puntualizó que Venezuela "aporta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores, [acumulada] durante más de 100 años", que luego se verán traducidos en "producción, empleo, inversión en infraestructura, mayores ingresos para el Estado, encadenamientos productivos para la industria nacional", mientras que "EE.UU. aporta capital y tecnología necesaria para recuperar y desarrollar esos activos". "Los beneficios se pierden de vista", sostuvo.
Mencionó asimismo que el proyecto binacional se extenderá "por 25 años" y estipula el desarrollo de "campos estratégicos" con una capacidad de producción estimada de 1,5 millones de barriles diarios, que se sumarán a lo extraído a través de contratos entre el Estado venezolano y trasnacionales como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, con el propósito último de convertir al país bolivariano en un gran productor de petróleo, un exportador "importante" de gas y un fabricante de productos petroquímicos de alto nivel, lo que supone el desarrollo a gran escala de esa industria.
Rodríguez no eludió el tema de los ingresos, uno de los puntos que más suspicacia generó, habida cuenta de las repetidas declaraciones del mandatario estadounidense relativas a la supuesta apropiación del crudo extraído de Venezuela por parte de EE.UU. o el referirse a ello como una suerte de derecho a tomar un botín de guerra, tras haber derrotado militarmente a ese país.
"Aquí hay una pregunta legítima que todo venezolano tiene derecho a hacer: ¿cuánto recibe Venezuela? Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril –puede ser más, puede ser menos–, los ingresos de nuestro país llegarían a un total de 209.335 millones de dólares para el Estado venezolano. En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país", detalló.
Para fortalecer su punto, llamó a recordar que en la década de 1990, Venezuela emprendió un proceso de apertura petrolera, que incorporó a trasnacionales –siempre en sociedad con el Estado venezolano– en la explotación de crudos pesados para aumentar la producción, aunque bajo condiciones fiscales que resultaron lesivas para el país –como el pago de regalías de 1 %–, que solo pudieron ser revertidas en 2006, con la sanción de una nueva ley de hidrocarburos impulsada por el para entonces presidente, Hugo Chávez.
El asunto de las eventuales ganancias que traerá el acuerdo ha sido abordado por diversos expertos, entre ellos el sociólogo y analista político Franco Vielma, quien a partir de una comparación de los regímenes fiscales que rigen los acuerdos comerciales asociados a crudos no convencionales –como el que predomina en Venezuela– en EE.UU., Canadá, Argentina y Colombia, concluyó que lo pactado entre Washington y Caracas "no es ni excesivamente perjudicial, ni excesivamente ventajoso" para el país suramericano, sino que "está dentro del canon internacional".
No obstante, el economista y académico Francisco Rodríguez –sin parentesco con la dignataria– expresó reservas sobre las cifras, al apuntar que estas carecían de precisiones técnicas importantes, como por ejemplo si se trata de montos nominales, ajustados por inflación, o "valores presentes hoy", pues esas distinciones permitirían establecer con menos incertidumbre cuál sería la ganancia monetaria real para Venezuela.
En ese contexto, advirtió que si se tratara de montos nominales, los 19 dólares por barril equivaldrían a solo 9 dólares en 2051, cuando está previsto el fin del acuerdo, mientras que los 209.000 millones de dólares que entrarían al fisco durante los 25 años del pacto se transformarían en apenas 8.400 millones de dólares anuales, "un monto relativamente bajo en comparación a los ingresos fiscales que Venezuela ha obtenido en el pasado de similares niveles de producción", que "sería aún más bajo si corresponde a un total nominal".
La presidenta encargada redondeó su intervención respondiendo –sin aludir directamente– a la afirmación más controvertida de Trump, relacionada con la propiedad de los yacimientos: "Hay algo que debe quedar absolutamente claro: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones", dijo al respecto.
Washington comanda
El desconocimiento del texto final del acuerdo petrolero hace cuesta arriba delimitar sus alcances, identificar sus fortalezas y señalar sus riesgos y debilidades, especialmente del lado venezolano, pues no puede omitirse de la ecuación que se concretó tras un ataque militar y el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio, solo después de lo cual Rodríguez apostó por la vía diplomática para dirimir las disputas con la Casa Blanca.
Así entiende por qué ella invocó nuevamente a ese aspecto en su discurso a propósito del acuerdo: "Por eso escogimos el camino de la diplomacia con EE.UU.: para transformar nuestras diferencias en cooperación. Y esa cooperación, en inversión, producción, bienestar; resultados concretos para los venezolanos", justificó entonces.
Con ello pareciera que, al menos de momento, la alianza binacional está centrada en la economía. Ese asunto resulta vital para Venezuela, cuyos ingresos cayeron drásticamente a causa del cerco estadounidense.
De otro lado, el anuncio del acuerdo comienza a recibir apoyo institucional interno. Este 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada un acuerdo de respaldo al trato, bajo argumentos similares a los expuestos por la jefa del Ejecutivo, aunque sin renunciar a la función contralora que por ley le corresponde.
Empero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aclaró que el órgano legislativo no ha discutido "el acuerdo binacional entre los dos gobiernos, puesto que ese acuerdo binacional ha sido anunciado, pero aun no ha sido consignado por quienes deben hacerlo, que son los dos gobiernos, el Gobierno de EE.UU. y el Gobierno de Venezuela". "Esta Asamblea Nacional está acordando respaldar el anuncio de la binacional y sirve este acuerdo para dar el debate y establecer algunas aclaratorias entre nosotros y al pueblo de Venezuela", agregó.
Mención especial merece asimismo la participación del secretario de Guerra Hegseth en las negociaciones. Su presencia no se explica a partir de la discusión de contratos comerciales entre dos Estados, sino por la necesidad de asegurar duraderamente el acceso de EE.UU. a las reservas petroleras más vastas del planeta en el marco de la 'Doctrina Donroe'; es decir, Washington asumió el pacto con Caracas como un asunto de seguridad nacional.
En su artículo 13, la Constitución venezolana proscribe explícitamente el asentamiento de bases militares o tropas extranjeras dentro del territorio de la República Bolivariana, pero pueden usarse otros recursos para cumplir con el objetivo estratégico de la Casa Blanca.
A ese respecto, la semana anterior, Bloomberg reportó, a partir de fuentes familiarizadas con las negociaciones, que el Gobierno de EE.UU. buscaba adquirir "una participación importante en las reservas petroleras venezolanas" a través de una alianza entre el Departamento de Guerra y un empresario venezolano que funge como enlace entre las partes.
Algunos de los informantes le dijeron a esa agencia que en Washington sopesaban echar a andar la estrategia a través de la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono, que cumpliría el rol de supervisor de la inversión. La división fue creada durante la gestión de Biden para desarrollar tecnologías críticas con participación privada y la administración Trump ha recurrido a ella para suplir deficiencias en sus cadenas de suministro.
El enfoque securitario del acuerdo encendió las alarmas de expertos como el politólogo y analista venezolano William Serafino, quien ve en el hecho de que el Pentágono pueda figurar como socio de Venezuela bajo el paraguas del acuerdo petrolero un "mensaje explícito" de amplias consecuencias: que su control y ventajas exclusivas "serán defendidos militarmente".
"Washington está enviando un claro mensaje de fuerza (geopolítico, de cara a China y Rusia; e interno, al Gobierno nacional), que incluso tiene impacto en negociaciones futuras donde el enfoque securitario primaría sobre consideraciones netamente comerciales", consideró en un post publicado en su perfil de X.
Desde su punto de vista, "esa es la cláusula central del pacto, diseñado a medida de un poder global declinante que necesita acceso rápido y seguro a reservas energéticas para competir con los nuevos poderes en ascenso", y por tales razones, "los incentivos para irrespetar y abusar de lo acordado son extremos".
En este contexto también deben interpretarse las recientes declaraciones de Guo Jiakun, portavoz de la Cancillería china, que al ser preguntado sobre si el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU. afectaría las inversiones de Pekín en territorio venezolano, invocó la Carta de la ONU y aseveró que la cooperación bilateral con el país suramericano está amparada tanto por el derecho internacional como por las leyes locales de las dos naciones. Empero, también destacó que "los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos".
Sus advertencias no son gratuitas. En enero pasado, poco después de ordenar los bombardeos sobre la Gran Caracas y el secuestro de Maduro, Trump aseguró en una reunión con compañías petroleras que, con independencia de la simpatía que le profesaba a sus líderes, quería a Rusia y a China fuera de Venezuela y así se los había hecho saber.
Más allá de la veracidad de sus dichos, la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca en diciembre pasado contempla la expulsión de "rivales extrahemisféricos" de lo que Washington denomina "su" hemisferio, y esa dimensión tampoco puede ignorarse, al interpretar las consecuencias geopolíticas del trato.
No obstante, los acuerdos que suscribió el Estado venezolano con otras naciones a las que EE.UU. considera rivales o enemigos directos, como Cuba o Irán, son tan vinculantes como lo es el más reciente tratado a 25 años pactado con las autoridades estadounidenses, y su incumplimiento le acarrearía a la República Bolivariana importantes costos económicos, diplomáticos y políticos que difícilmente esté en oportunidad de asumir.
